En su Estrategia y Plan de Acción sobre el discurso de odio (2020), Naciones Unidas lo entiende como:
Cualquier tipo de comunicación oral, escrita o conductual, que atente o utilice un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o a un grupo por razón de quién es, es decir, por su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, descendencia, género u otro factor de identidad.
Naciones Unidas añade que esta comunicación «a menudo está arraigada en y genera intolerancia y odio y, en determinados contextos, puede ser degradante y divisora».
En su recomendación de política general número 15 (Consejo de Europa, 2016), la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) define el discurso de odio como:
El uso de una o más formas de expresión particulares – es decir, la defensa, la promoción o la incitación a la denigración, el odio o la vilipendiación de una persona o grupo de personas, así como cualquier acoso, insulto, estereotipación negativa, estigmatización o amenaza de esa persona o personas y cualquier justificación de todas estas formas de expresión – que se basa en una lista no exhaustiva de características o estatus personal que incluya «raza», color, lengua, religión o creencias, nacionalidad u origen nacional o étnico, así como descendencia, edad, discapacidad, sexo, género, identidad de género y orientación sexual.
Agenda 2030
En septiembre de 2015, Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece 17 objetivos (ODS) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y avanzar en la protección de los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo.
El ODS 10 se dirige a la reducción de las desigualdades y, entre sus metas, incluye:
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
En su informe ‘COVID-19 y Derechos Humanos’ (2020), la ONU alerta de que «la inestabilidad y el miedo que engendra la pandemia están agravando las preocupaciones existentes en materia de derechos humanos, como la discriminación contra determinados grupos, el discurso de odio, la xenofobia, los ataques y los retornos forzados de personas refugiadas y solicitantes de asilo, el maltrato a las personas migrantes y la violencia sexual y de género, así como el acceso limitado a la salud y los derechos sexuales y reproductivos».
En este sentido, en respuesta a las tendencias de creciente xenofobia, racismo e intolerancia, misoginia violenta, antisemitismo y odio antimusulmán en todo el mundo, en junio de 2020 se lanzó la ‘Estrategia y el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre el discurso del odio’ (2020), que reconoce que, durante los últimos 75 años, el discurso del odio ha sido un precursor de crímenes atroces, incluido el genocidio, desde Ruanda hasta Bosnia y Camboya.
En la misma línea, el espacio de encuentro entre entidades y colectivos Futuro en común lanza la campaña ‘El odio no es inocente‘, con la que alerta de que el discurso de odio tiene graves consecuencias para las personas que son objeto de ello y para la sociedad en su conjunto, y que los discursos de odio son la antesala de los delitos de odio. En este sentido, la campaña hace un llamamiento a la responsabilidad de las y los personajes públicos (partidos, representantes políticos, medios de comunicación, creadores de opinión…) en la emisión y generación de mensajes de odio, y subraya que la ciudadanía puede contribuir a desenmascarar los mensajes que difunden mentiras y prejuicios.